Publicado en el diario La Tarde en la edición del 13 de Octubre de 2013
Han pasado ya dos años luego de que la reforma a la
ley 30 propuesta por el gobierno fuese rechazada y luego paralizada por el
cuerpo estudiantil colombiano. Se logró en el paro del 2011 que el gobierno
escuchara la voz de queja de los estudiantes y se abriera paso no sólo al
diálogo, sino a la construcción conjunta de una nueva reforma.
Sin embargo, dos años después no se han vislumbrado aún
resultados, no se ha lanzado una nueva propuesta ni se ha atendido a la
propuesta alternativa presentada por los estudiantes. Como resultado, estamos
ante un nuevo paro nacional estudiantil convocado por la MANE (Mesa Amplia
Nacional Estudiantil) para los días 16 y 17 de octubre. ¿Qué se juega en dicho
paro? ¿Qué piden los estudiantes? ¿Qué pide el Sistema Universitario Estatal
–SUE-?
Las universidades públicas se encuentran hoy en un
déficit de 11,3 billones de pesos, reciben 2,4 billones, correspondiente apenas
al 0,4% del PIB.
Desde 1993 su cobertura en estudiantes de pregrado
ha aumentado en un 232,55 % y en posgrados en un 76,39 % sin haber aumentado por esto de manera
considerable el monto destinado por el presupuesto nacional. Los recursos
transferidos por el Estado a estas instituciones durante los 19 años de
vigencia de la Ley 30, sólo han crecido un 4,71 % en promedio anual, mientras
la cifra de estudiantes matriculados durante el mismo periodo ha aumentado
13,5% al año.
No habiendo tenido en cuenta el crecimiento de las universidades,
el aumento anual del rubro destinado a la educación es hoy insuficiente para el
mantenimiento de las mismas. Además, los recursos por ajuste IPC han sido
girados a las Universidades en vigencias posteriores a las que correspondían; llevando
a las Instituciones a la necesidad de asumir ellas mismas los sobrecostos por mayor
valor en el costo de vida, habiendo generado -por recursos propios- 7,5
billones entre 1993 y 2011.
En una carta del SUE enviada al presidente de la República,
manifiestan las 32 universidades públicas que hay, en pesos constantes, un
desfase de 166.99 % y aseguran que se requiere como mínimo un 10% adicional al IPC (unos $240.000 millones
al año) para conjurar la crisis que
están atravesando.
Como solución a esta fuerte des-financiación el SUE
ofrece –entre otras- las siguientes propuestas: establecimiento de una
estampilla, obligatoriedad para los entes territoriales de transferir por lo
menos el 1% de sus ingresos tributarios a las universidades ubicadas en su
jurisdicción, que todas las compañías de servicios móviles de
telecomunicaciones de voz, datos y complementarios transfieran a las
universidades oficiales un peso por minuto vendido (esto aportaría
aproximadamente 500 mil millones de pesos al año), financiación por parte del
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para
cubrir los costos de acceso y conectividad a las TIC, exoneración a las
universidades estatales de los aportes a las Cajas de Compensación Familiar y
solicitar declarar a las universidades estatales como patrimonio cultural de la
nación.
Así pues, es en esta petición y necesidad de
financiación a las universidades que la MANE propone un paro nacional
estudiantil. Ésta, por su parte, solicita el pago del déficit presupuestal,
instalar una mesa permanente de negociación de la reforma y gratuidad de
matrícula, además de aumentar el porcentaje del PIB destinado a educación
superior por lo menos al 1%.
Lo que está en juego es el futuro de la sociedad. Es
en la cancha de la educación donde se juega nuestro futuro. Las peticiones del
SUE y de la MANE deben ser respaldadas por la sociedad en su conjunto: reducir
las desigualdades, mejorar la ciudadanía, incrementar la democracia, orientarnos
a una sociedad cuya base sea la eticidad, esto es, con menores costos de
transacción (menos policías, menos jueces, menos defensa, menos control) y
orientarnos a una sociedad de la economía de la información y el conocimiento.
Las regalías son el producto de extraer recursos de la naturaleza, convertirlas
en obras de infraestructura lo cual hace más eficiente la extracción pero no mejora la
sociedad. El país está ante la tercera bonanza minera en su historia. De las
anteriores, poco nos ha quedado. La educación es el más firme camino para un
mejor futuro.
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